El Tribunal Constitucional redefinió el pasado mes de junio el perímetro de las responsabilidades en el caso de los ERE, cuando anuló, total o parcialmente, las condenas por prevaricación y malversación de los ex altos cargos de la Junta de Andalucía, pero la mayoría de las causas concretas en las que se analizaba la gestión y el destino específico de esos fondos sociolaborales para empresas en crisis —recogidos en la partida 31L de los presupuestos autónomos—, siguen activas en los tribunales, entre ellas las ayudas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), la primera pieza separada en ser enjuiciada tras la política y que había sido recurrida en casación ante el Supremo.
